Reajuste al sector público de 6,1% despachado del Congreso
La Sala del Senado analizó y visó las disposiciones que fueron objeto de estudio e indicaciones en la Comisión de Hacienda con el fin de precisar el alcance de los beneficios. Todo ello fue ratificado por la Cámara de Diputados, por lo que el proyecto quedó en condiciones de ser remitido al Ejecutivo para su promulgación
15 de diciembre de 2021
En condiciones de ser remitido al Presidente de la República para su firma y promulgación, quedó el proyecto que reajusta las remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos y otros beneficios adicionales. (Boletín N° 14733-05).
Esto, luego que la Cámara de Diputados ratificara lo aprobado previamente por la Sala del Senado.
La propuesta contempla un reajuste general para los trabajadores del sector público de 6,1% a contar del 1 de diciembre de 2021. Esto incluye las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás imponibles para salud y pensiones o no imponibles.
Por otro lado, se excluyen de este reajuste las cuatro categorías de sueldos más altos de la escala pública (Presidente de la República, ministros y parlamentarios, entre otros).
Fue la presidenta de la Comisión de Hacienda senadora Ximena Rincón, quien explicó los principales alcances del reajuste al sector público, que cuenta con el respaldo de 14 de las 16 organizaciones, salvo las relacionadas con la salud que abogaban por la incorporación del denominado "bono Covid", en los mismos términos en que se hizo el año pasado.
Indicó que la propuesta representa un reajuste general de 6,1% a partir del 1 de diciembre de este año, además de la entrega de un aguinaldo de navidad, de fiestas patrias y bonos de acuerdo y de vacaciones.
En tal sentido, el Ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, señaló que va haber un aumento significativo del guarismo, pero también de los bonos y que una vez incorporados, el incremento es del orden de un 7,4%, lo que significa un costo de 2 billones de pesos para el Estado.
Agregó que entre los puntos acordados, se consideró pagar antes el bono de vacaciones, en la medida que el proyecto sea despachado lo antes posible.
La iniciativa fue aprobada de manera unánime en todos los puntos respecto de los cuales no se hicieron modificaciones y posteriormente se plantearon una serie de votaciones separadas de las senadoras Adriana Muñoz y Yasna Provoste las que se aprobaron en votación de mayoría. En tanto, el senador Alejandro Navarro, retiró una indicación que debía ser discutida en su admisibilidad, luego que "los gremios de la Fenats señalaran que continuarán las conversaciones con el Ejecutivo para revisar las condiciones de los beneficios conocidos como 'bono Covid'.
La primera votación separada fue del artículo 48 relacionado con la ampliación de plazo para que las instituciones educativas se transformen en sin fines de lucro. Al respecto, la senadora Provoste explicó que no hay ninguna razón ni una explicación por la cual el Gobierno arbitrariamente, sin tener una discusión mucho más profunda en la Comisión de Educación, que es la Comisión técnica para esta materia, decida por sí y ante sí ampliar este plazo unilateralmente al año 2023”.
En tanto, fundaron sus posturas al respecto los senadores Carlos Montes, Alejandro Navarro, Juan Pablo Letelier, Juan Antonio Coloma y José García Ruminot. Finalmente, el artículo se aprobó por 24 votos a favor y 14 en contra.
Luego, se procedió a la votación separada del artículo 49 que tiene que ver con la ampliación del plazo al 2023, respecto del reconocimiento oficial de los jardines de educación parvularia en nuestro país. La senadora Provoste explicó que “esta modificación representa la segunda postergación de un plazo legal establecido primero en la ley N° 20.529, del año 2011, que creaba el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica, Media, y de su fiscalización”.
Recalcó la necesidad de analizar este tema en la comisión especializada pues “el reconocimiento oficial está vinculado a la calidad. Y estamos hablando de salas cunas y jardines infantiles”, dijo. Fundaron sus respectivas posturas los senadores Carlos Montes, José García Ruminot, mientras que la postergación propuesta se aprobó por 18 votos a favor y 6 en contra.
A continuación se sometió a votación separada el artículo 72 que renueva la vigencia de la ley Nº 18.450 sobre fomento a la inversión privada en obras de riego y drenaje, por el plazo de un año a contar de la fecha de término de la prórroga aprobada por el artículo 2º transitorio de la ley Nº 20.401. Esta renovación es sin perjuicio de otras renovaciones de mayor extensión aprobadas por leyes especiales.
En este punto, la senadora Adriana Muñoz afirmó que “solicité votación separada de este artículo porque realmente sorprende que el Gobierno haya presentado esta indicación en medio del debate que estamos realizando en Comisiones unidas, tres Comisiones unidas: está la Comisión de Agricultura, Medio Ambiente y Recursos Hídricos. Estamos tramitando justamente la propuesta de prórroga de esta ley por doce años -que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados-, y en esta Comisión constituida por quince Senadoras y Senadores, estamos abocados y estamos buscando formas de modificar sustantivamente los parámetros, las normas que consagra esta ley”.
En la misma línea intervinieron los senadores Isabel Allende, Alejandro Navarro, Carlos Montes y Juan Pablo Letelier.
Una postura distinta expresaron los senadores Claudio Alvarado, Rafael Prohens y Juan Antonio Coloma, junto a sus pares Felipe Kast y Carmen Gloria Aravena quienes hicieron presente que también hay que considerar que “no se puede dejar en la incertidumbre a pequeños y medianos agricultores”, mientras no se apruebe el mencionado proyecto.
Finalmente, el senador Jorge Pizarro, señaló que “muchas veces, el ideal es enemigo de lo bueno” y “no me gustaría que este Senado diera la señal de que les estamos negando recursos a quienes hoy día lo necesitan fundamentalmente para su subsistencia, para producir, para generar alguna actividad en una economía que todos sabemos que está muy complicada”. Finalmente, la norma se aprobó por 17 votos, 15 en contra y 1 abstención.
Durante la sesión intervinieron los senadores:
"Cuál puede ser la vía de solución que podemos darle a los funcionarios de las Universidades Regionales que son las que tienen que pagar el reajuste. Hay universidades que han pagado el 1% porque no están las condiciones para pagar todo"
"Hay una modificación legal largamente discutida en este Parlamento que buscaba generar un proceso de traspaso para que las instituciones educativas se trasformaran en instituciones sin fines de lucro…no hay ninguna razón por la cual el gobierno sin tener una discusión más profunda, decida por sí y ante sí ampliar este plazo para el 202"
"Hay un conjunto de establecimientos que no han transitado hacia el nuevo sistema y no han cumplido los pasos del sistema. No tenemos las razones específicas de ello y este Senado, para aprobar esto, requiere más antecedentes, información y argumentos correspondientes"
"Esta no es una ley miscelánea. Esta es una ley de reajuste del sector público y aquí tenemos una norma que dice relación con facilitar el funcionamiento del sistema escolar y que da un mayor plazo, pero se requiere de un fundamento"
"En el reajuste históricamente se han ido incorporando otras cosas que han quedado en el camino y este proyecto es el que menos leyes misceláneas tiene. Se amplía el plazo para una norma existente y agradezco que esto haya sido bien concentrado en el reajuste"
"La pandemia tuvo impacto en distintas áreas. No me gusta el modelo en que con platas públicas se financien establecimientos privados...creo que no hay ninguna razón para votar en contra…es una norma que permite evitar problemas"
“Este es un proyecto que tiene un costo fiscal de 2.500 millones de dólares e incluso podría llegar a los 2.700 millones de dólares dependiendo del tipo de cambio. Soy partidario de aprobar también la prórroga del plazo para que se cumpla la adecuación en infraestructura de los establecimientos de los sostenedores”.