Sentencia de la Suprema a las Isapres: senadores revisan qué contratos recibirían devolución
La Superintendencia de Salud explicó el cálculo retrospectivo y prospectivo que se hizo marcado por el fallo de noviembre de 2022. También ex autoridades enfatizaron el “daño que le hace la sentencia a la industria”.
13 de junio de 2023
La primera sesión para conocer el cálculo de los excedentes que las aseguradoras privadas deberían devolver a sus afiliados por efectos del fallo de la Corte Suprema, tuvieron los integrantes de la Comisión de Salud, quienes están en la etapa de audiencias del proyecto conocido como ley corta de Isapres.
El presidente de dicha instancia, el senador Juan Luis Castro explicó que “estos días nos abocaremos a determinar el universo de los reembolsos, los cálculos de la deuda y la forma en cómo se aplicará la sentencia. Lo importante es llegar a un diagnóstico compartido para aplicar una terapia efectiva”.
El superintendente de Salud, Víctor Torres y la jefa del Departamento de Estudios de dicho organismo, María Mercedes Jeria explicaron el barrido que hicieron de los contratos suscritos entre abril de 2020 y noviembre de 2022, a los que no se les haya aplicado la tabla única de factores de la Superintendencia de Salud (SS) (revisión retrospectiva); y los firmados entre diciembre de 2022 y mayo de 2023 (revisión prospectiva) considerando que el fallo de la Suprema se conoció en noviembre de 2022.
Así aclararon que desde ahora, en la página web de la Superintendencia, “estamos en condiciones de dejar el mecanismo de cálculo. Publicaremos una guía para usarlo con el ánimo de transparentar los posibles reembolsos que se deberían hacer pensando en lo instruido por la Corte”.
En cuanto a los montos, el organismo no dio números pero precisó que “el monto que deberán devolver las Isapres, se calcula como la sumatoria de las cotizaciones a restituir por contrato dentro del período retrospectivo. En el caso de lo prospectivo, se trata de la sumatoria de las cotizaciones mensuales a restituir por contrato entendiendo que se trata de las cotizaciones que se dejan de percibir en diciembre 2022 y se imputan por arrastre a los meses siguientes”.
Los que sí cuantificaron fueron los representantes de Espacio Público. Su directora ejecutiva, Paula Benavides aseguró que el cálculo retroactivo implica que las aseguradoras deberían desembolsar mil 400 millones de dólares, lo que representa 20 años de utilidades de la industria o 3 veces su actual patrimonio que alcanza los 420 millones de dólares. En cuanto a lo prospectivo, la entidad reconoció que la devolución debería representar un 8% de los ingresos operacionales.
El centro de estudios reconoció el daño financiero que implica para el sector aplicar el fallo en su sentido general, por lo que propusieron, en lo que respecta a la devolución retroactiva, aplicar subsidios cruzados entre beneficiarios; y en cuanto a la prospectiva, generar una amplia estrategia de contención de costos.
Al igual que sesiones previas, la Comisión también recibió a los ex superintendentes Héctor Sánchez y Manuel Inostroza, quienes entregaron detalles del estudio realizado por la Universidad Andrés Bello que analizó escenarios posibles tras el fallo de la Corte Suprema por la aplicación de la tabla de factores de riesgo.
Sánchez admitió que “creemos que el fallo hace desaparecer las Isapres y pensamos que ese sistema debía cambiar, desaparecer, pero no de esta forma abrupta que perjudicará a los pacientes (…) El Congreso debe impulsar una reforma acotada a las Isapres, Fonasa y la Superintendencia; y por tanto, no aplicarse el fallo como tal porque este lleva a la quiebra”.
En la misma línea, Inostroza detalló que “en el caso de las Isapres, apostamos por implementar un plan único, una prima plana y un enfoque preventivo; establecer un fondo de compensación de riesgo inter- Isapres y generar un mecanismo de contención de costos. En cuanto a Fonasa, creemos que debe impulsarse un gobierno corporativo autónomo, transformarlo en un seguro público y reformar la idea de la creación de la Modalidad Libre Elección (MLE) Complementaria. Finalmente, creemos que la Superintendencia debiera tener un gobierno corporativo autónomo”.
De un enfoque similar es el especialista en salud pública, el doctor Juan Carlos Said, quien también apuntó a “crear un fondo único con ajustes por riesgo, y mandatar el cambio de los GRD (Grupos Relacionados de Diagnóstico) y el subsidio por incapacidad laboral (licencias médicas) (…) Estoy de acuerdo con aspectos del proyecto como aumentar las atribuciones de la Superintendencia, crear la MLE Complementaria y obligar al pago de las deudas para recibir utilidades”.
El lunes 19 de junio, se celebrará la segunda sesión de análisis donde los actores mencionados analizarán los criterios expuestos por la Superintendencia y la Asociación de Isapres debería informar sus cálculos. En tanto, el martes 20 han sido invitados a la Comisión, representantes de la facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile; y del Centro de Estudios Públicos (CEP).