Tras un arduo debate respaldan en general proyecto que incluye a los funcionarios públicos a la tutela laboral

“Desprotección de los trabajadores del sector público”; “la norma intenta zanjar un debate”; “las vías manifestadas son de difícil solución a futuro”; “esto generará una nueva responsabilidad fiscal”; “hubo excesos del Tribunal Constitucional”. Estas fueron solo algunas de las diversas opiniones vertidas durante el debate en general del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, relativo al ámbito de aplicación del procedimiento de tutela laboral, el que fue aprobado por 31 votos a favor y 8 abstenciones.

La iniciativa -que responde a tres mociones refundidas- precisa que el procedimiento de tutela laboral contenido en el Código del Trabajo, beneficia a todos los trabajadores, incluidos los funcionarios de la Administración Pública, del Congreso Nacional, del Poder Judicial, y de las empresas públicas.

Durante la sesión se precisó que “sistemáticamente la Corte Suprema ha comprendido a los trabajadores del sector público en la tutela laboral; sin embargo el Tribunal Constitucional, en diciembre de 2018, dictó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la Municipalidad de San Miguel respecto del inciso tercero del artículo 1° y del artículo 485 del Código del Trabajo, aspecto que fue gravitante en la mayoría de las argumentaciones.

Con todo, el proyecto se votaría en particular, durante la sesión de mañana miércoles 06, pero surgieron voces que dejaron constancia de la necesidad de darle “un tiempo prudente para la presentación de indicaciones”, tal como precisó el Ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg.

En la oportunidad hicieron uso de la palabra los senadores Carolina Goic, Iván Moreira, José García Ruminot, Rabindranath Quinteros,  José Durana, Carlos Bianchi, Andrés Allamand, Juan Pablo Letelier, José Miguel Insulza, Yasna Provoste, Kenneth Pugh, Ximena Rincón, Francisco Huenchumilla, Alejandro Navarro, Álvaro Elizalde, Luz Ebensperger, Alejandro Guillier, Pedro Araya, Carmen Gloria Aravena, Juan Antonio Coloma, Rodrigo Galilea; además del ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg.

GOIC:

“Está pendiente una reforma más amplia, que tiene que ver con muchos aspectos administrativos, pero lo que hoy estamos discutiendo tiene que ver con garantizar los derechos laborales para los funcionarios públicos, que están consagrados en la Constitución”.

MOREIRA:

“Ha quedado al descubierto la desprotección que tienen nuestros funcionarios públicos con respecto a sus derechos. La protección para trabajadores públicos o privados, debe ser prioridad para cualquier gobierno.  (…) Estoy por apoyar, pero tengo que dejar constancia que temo que las vías manifestadas sean de difícil solución a futuro”.

GARCÍA RUMINOT:

“Voto a favor la idea de legislar, pero aquí estamos extendiendo derechos que son propios de trabajadores del sector privado. (…) Esto tiene una implicancia financiera, por lo que solcito que podamos verlo en la Comisión de Hacienda y citar al Director de Presupuestos y saber el costo que representa”.

QUINTEROS:

“Este proyecto surge a partir de un nuevo exceso de una mayoría del Tribunal Constitucional y que afecta a la Corte Suprema (…). Me pregunto cómo es posible que el TC opte por no da protección a las garantías fundamentales de los trabajadores públicos (…) Se ha desvirtuado la función de este Tribunal”.

DUARANA:

“El Tribunal Constitucional no puede conocer materias laborales de funcionarios públicos, puesto que ellos tiene sus propios estatutos. (…) El sector público tendría dos ámbitos de protección, tribunales de justicia y los estatutos, estaríamos frente a funcionarios con garantías constitucionales distintas”.

BIANCHI:

“El Estado es un mal empleador y esto lo he repetido múltiples veces. En materia legislativa ha sido casi nulo y ha tenido que ser la Corte Suprema la que ha iniciado el proceso que ha significado reconocimientos tan importantes como la indemnización por años de servicios y la tutela laboral para los funcionarios públicos”.

ALLAMAND:

“Este proyecto aspira a dejar establecido categóricamente que los trabajadores del sector público sí tienen derecho a la tutela laboral, pero la forma legislativa en que lo hemos hecho ha sido una norma interpretativa del artículo 485 del Condigo del Trabajo y en consecuencia traspasamos en bloque las instituciones del Código para aplicárselas a los funcionarios públicos y esto trae problemas”.

LETELIER:

“No es que el TC haya hecho interpretación global, sino que fue a un punto. Esta norma intenta zanjar un debate (…). Son derechos que se tienen que garantizar para todos, independiente para quien se trabaja. (…) No puede ser que los trabajadores del sector público sean trabajadores de segunda clase”.

INSULZA:

“No es solamente un fallo, sino que un clima que se ha ido creando en el último año, con la cantidad de gente que ha sido despedida del sector público y que no ha podido hacer uso de la tutela laboral. (…) Mañana veremos si realmente se quiere perfeccionar o limitar los derechos de los trabajadores”.

PROVOSTE:

“No estamos disponibles para que trabajadores públicos sean de segunda categoría. Una situación compleja y arbitraria es lo que dictaminó el TC (…). Hoy entre los elementos que deben estar presentes está el evitar la desprotección para los funcionarios públicos, que se hace evidente de la relación laboral que afecta a sus derechos fundamentales”

PUGH:

“Valoro el trabajo de los funcionarios públicos, quiero lo mejor para ellos y las asimetrías no son justas. (…) Aquí se busca regular, pero entendido la complejidad del Estado, por ello hay una Contraloría que se preocupa de los procesos. (…) Es importante un plazo de indicaciones para incluir las situaciones particulares”.

RINCÓN:

“Hoy votamos el reconocimiento explícito de los derechos de los funcionarios públicos. Que los trabajadores del sector público tengan los mismos derechos que los del privado.  (…) El reciente fallo del TC deja a los funcionarios públicos en total indefensión”.

HUENCHUMILLA:
“Todos los trabajadores queremos tener certezas respecto de nuestros derechos. (…) Aquí hay un problema más de fondo (…) significa que los trabajadores del sector público están viendo que un tribunal dice “a” y el otro “b” (…). Nos encontramos con un problema político”.

NAVARRO:

“El TC quebró el equilibrio (…) y, a través de un fallo, quiere menoscabar los derechos de los trabajadores públicos; ¡derechos que ya están trastocados!. Tenemos una gran deuda con los trabajadores públicos de Chile”.

ELIZALDE:

“El TC, en una intromisión de los espacios de competencia, estableció que estas normas no debían ser aplicadas y esto es lo que ha generado el debate y la necesidad de legislar. (…) Los empleadores del sector público o privado, siempre tienen un límite en el ejercicio de sus facultades  y es el repto a las garantías de los trabajadores”.

EBENSPERGER:

“Estoy cierta de la nobleza que se esconde detrás de la idea de legislar; sin embargo ello no es suficiente. (…) Como está redactado este proyecto no lo puedo votar a favor, por una sola razón: porque se quiere votar mañana en particular y no se alcanza a mejorar”.

GUILLIER:

“Se han mencionado las consecuencias que puede tener esta reafirmación de derechos, pero éstas no pueden correr en contra del trabajador (… ) Esta interpretación del TC es a todas luces abusiva y excede las facultades (…)”.

ARAYA:

“Esta norma que hoy estamos interpretamos no se refiera a toda la aplicación del Código del Trabajo y en eso la jurisprudencia ha sido clara, si entrega mecanismo eficaces para que los trabajadores puedan ejercer ciertos derechos”.

ARAVENA:

“Es necesario revisar la carrera funcionaria y escuchar para ver cuáles son sus necesidades. (…) Vale la pena hacer un esfuerzo y darnos un tiempo para poder profundizar los temas que han quedado instalados desde lo técnico, desde lo jurídico”.

COLOMA:

“Es claro que este proyecto es más complejo que la brevedad de su articulado (…) Un tema que tal como está creo que no está bien resuelto y como parlamento tenemos que hacer las cosas bien”.

GALILEA:

“Aquí estamos hablando de un procedimiento y a este proyecto eso es lo que le falta resolver (...) Más allá de las buenas intenciones que tengamos todos, la verdad es que la redacción del artículo 489 está orientada absolutamente al trabajador privado y no al trabajador público".