A tercer trámite proyecto que automatiza las infracciones de tránsito
La norma conocida como ley CATI volverá a la Cámara Baja donde los diputados y diputadas deberán conocer los cambios realizados por los senadores en las comisiones de Hacienda y de Transportes.
17 de enero de 2023
Poniendo énfasis en la necesidad de generar un cambio conductual en los automovilistas, la Sala aprobó en particular el proyecto que crea un sistema de tratamiento automatizado de infracciones del tránsito.
Tras una serie de votaciones en las que los legisladores acotaron la redacción del texto, éste quedó en condiciones de ser revisado por la Cámara de Diputados y Diputadas. En el tercer trámite se decidirá si los cambios son aprobados, de lo contrario, se conformaría una Comisión Mixta.
La propuesta es conocida como ley CATI porque crea un Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (CATI). Se genera en la Subsecretaría de Transportes del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, la División de Fiscalización del Transporte y Tratamiento Automatizado de Infracciones de Tránsito, que será la encargada de:
- Gestionar el sistema informático y administrativo que permitirá la gestión electrónica de tratamiento de infracciones y de los pagos respectivos.
- Mantener la operación y desarrollo del equipamiento, sistemas y aplicaciones necesarios para el procesamiento automatizado de las infracciones de tránsito que sean susceptibles de ser captadas mediante equipos de registro automáticos.
- Cursar y tramitar las infracciones a los propietarios de los vehículos que sean detectados contraviniendo las disposiciones de la presente ley por la red de dispositivos de tratamiento de infracciones.
- Definir, organizar y publicar las zonas de control mediante la red de dispositivos
Con 40 votos a favor y una abstención, los congresistas aprobaron las normas que fueron respaldadas por unanimidad por las comisiones de Transportes y Telecomunicaciones, y de Hacienda. Luego se hicieron votaciones sucesivas para respaldar el siguiente texto:
“En ningún caso la cantidad de los dispositivos instalados ni su localización podrá generar privación, perturbación o amenaza a las garantías fundamentales que la Constitución Política de la República garantiza a todos los ciudadanos, especialmente a aquellas relativas al respeto y protección de la vida privada, la protección de los datos personales y la inviolabilidad del hogar.
Los requerimientos técnicos, de fiabilidad y certeza que deban cumplir los dispositivos automatizados de registro de infracciones de tránsito deberán ser especificados mediante un reglamento del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
La Subsecretaría de Transportes remitirá los antecedentes de las contravenciones detectadas al Juzgado de Policía Local competente, y no podrá otorgar la posibilidad de realizar el pago anticipado de la multa cuando de la infracción cometida se haya derivado inmediatamente la ocurrencia de un accidente de tránsito o la producción de daños a terceros”.
La presidenta de la Comisión de Transportes, la senadora Ximena Órdenes informó la norma explicando que “se presentaron 47 indicaciones que fueron revisadas y que se refieren al sistema informático, las comunicaciones y notificaciones, y el uso de datos personales, entre otros aspectos. La idea del proyecto es reducir los accidentes de tránsito por medio de un sistema que simplifique notificar infracciones”.
En tanto, el presidente de la Comisión de Hacienda, el senador Juan Antonio Coloma planteó que “en lo que respecta a Hacienda, revisamos pocos temas. Quiero valorar las mejoras que se le hicieron al proyecto entendiendo que el foto radar tendrá un sentido preventivo y las multas serán a beneficio fiscal. Sobre el financiamiento, esto irroga un gasto de 9 mil 500 millones de pesos”.
El ministro (s) de Transportes, Cristóbal Pineda informó que “diversos estudios indican que solo 3 de 10 mil excesos de velocidad pueden ser detectados, la automatización permitirá identificar estas situaciones. Chile es el único país de la OCDE que hace este control de manera manual. El objetivo no es la recaudación sino salvar vidas”.
Una vez abierta la votación, hicieron uso de la palabra los siguientes senadores:
“Quería saber si había un informe de la Corte Suprema porque hay materias que se tocan que son de competencia de los Juzgados de Policía Local, pero me dicen que se escucharon a las partes. Es usual que después surjan inquietudes ciudadanas de los automovilistas que piensan que el pago de la multa es arbitrario”.
“Es imprescindible que respecto de las multas graves exista control jurisdiccional. Veo que estos delitos se verán en sede administrativa y si se recurren, pasarán al Juzgado de Policía Local. Quiero alertar sobre esto en la historia de la ley. Hay que velar por el debido proceso en sede jurisdiccional”.
“Esto no busca infraccionar sino producir un cambio de conducta para generar mayor conciencia vial y salvar vidas. Este proyecto tuvo el apoyo de la sociedad civil como la fundación Emilia. Los jueces de Policía Local apoyaron algunas indicaciones que no alcanzaron a incorporarse”.
“Puede que este proyecto sea impopular entre los conductores. Las consecuencias que tendrá esta ley, los obligará a tener un cambio de conducta. Cinco personas fallecen al día por exceso de velocidad, los fallecidos han aumentado un 35% en los últimos años. Hoy la fiscalización es con recurso humano y eso lo hace difícil”.
“Este proyecto no tiene que ver con los foto radares. CATI es un sistema para automatizar las infracciones que se puedan captar de manera audiovisual. Las zonas donde los dispositivos automatizados estén instalados, estarán señaladas. Ahora Carabineros estará abocado a lo propio, dejando el control del tránsito a CATI”.
“Hoy se requiere un carabinero o un fiscalizador del Ministerio para infraccionar. Con este proyecto se automatiza la infracción en cuatro casos: por exceso de velocidad, restricción vehicular, uso de pistas exclusivas y no respetar luz roja. Revisamos la legislación comparada y vimos que estos sistemas tienen resultados positivos”.