Mujeres en política: los derechos con corsé, el voto femenino y su participación en cargos de poder
En menos de un siglo, conozca los vertiginosos cambios que ha tenido la participación de la mujer en política, a partir de 1949, fecha en que se reconoció legalmente su derecho a voto.
22 de enero de 2020
Por el hecho de “encontrarse sometida al yugo del esposo quien podía ejercer su poder e influencia sobre su esposa”, la ley electoral de 1884 en su artículo 40 prohibía expresamente el voto para la mujer. Esta era una de las muchas razones de índole jurídica y social que impedían a las mujeres del siglo XIX ejercer sus derechos civiles. (Revise el portal de historia polítca legislativa de la BCN)
La norma pareciera una anécdota ahora, en pleno siglo XXI, cuando las mujeres ya han ocupado los más altos cargos de administración del Estado: por ejemplo, Michelle Bachelet, como Presidenta de la República; Isabel Allende como Presidenta del Senado; las ministras de Estado, Subsecretarias y parlamentarias en ejercicio. Eso sin contar la presencia y liderazgo de la mujer en el mundo privado y en todas las esferas de la sociedad.
¿Pero será suficiente en relación a lo que ocurría en 1884?. Ese año se introdujo esta prohibición explícita porque en las décadas anteriores, un puñado de mujeres enfundadas en corsés y amplios faldones afrancesados había tomado cierto protagonismo con una entusiasta promoción de sus libertades básicas. Es decir, se inmiscuían activamente en debates de país, antes reservados solo para los hombres.
Pero claramente por ese entonces, no era bien visto que una dama saliera de sus labores domésticas y de abnegada crianza para participar en temas públicos, tales como, la autonomía del Estado y la Iglesia en relación a temas civiles, que agitó la sociedad santiaguina de 1856 por la denominada: “Cuestión del Sacristán”.
El caso motivó una aguda polémica que involucró al entonces Arzobispo de Santiago, Rafael Valentín Valdivieso con el Cabildo y la Corte Suprema.
Además, el 6 de noviembre de 1877, se dictó el Decreto Amunátegui, que autorizó el ingreso de las mujeres a los estudios universitarios. De este modo, se impulsó la incorporación creciente de éstas en el espacio público, para desde allí, promover sus aspiraciones de obtener la calidad de ciudadana con los mismos derechos civiles y políticos que los hombres.
A la par de los cambios sociales y a nivel educacional, las mujeres comenzaron a cuestionar su situación legal y las restricciones civiles que las afectaban. Ejemplo de ello fue que en 1875, un grupo de ellas intentó inscribirse para votar en las elecciones parlamentarias y municipales de ese año. Fue la Junta Inscriptora de San Felipe la que -por votación de mayoría- decidió inscribir a la ciudadana Domitila Silva y Lepe, viuda de un ex Gobernador de la misma provincia, pues cumplía los requisitos que la ley electoral de 1874 imponía, es decir: ser chilena y saber leer y escribir.
La autora del libro “Catolicismo, Anticlericalismo y la extensión del sufragio de la Mujer en Chile”, Erika Maza, puntualiza que dado el razonamiento de esta Junta de Inscripción, más mujeres se inscribieron en otras zonas del país. Algo que también se expresa en trabajos de Teresa Pereira y Germán Urzúa Valenzuela.
Esta situación legal también alentó a un grupo de mujeres, especialmente de clase alta, a continuar defendiendo su inclusión civil y en 1877 crearon una publicación semanal denominada "La Mujer", cuyo objetivo era promover su enseñanza y su igualdad legal y civil con los hombres.
Estas evidencias del deseo de participar generaron un importante debate al interior de la clase política, que quedó ampliamente plasmada en la prensa de la época, pero finalmente no se les permitió ejercer ese derecho en la ley electoral de 1884.
Hubo que esperar varias décadas para que se retomara la idea de su participación en política. En 1913 sectores conservadores y liberales “concluían que la naturaleza no había capacitado a la mujer para ejercer ese derecho” y se temía que su intromisión en materias políticas afectara negativamente al hogar, considerado como el centro de la sociedad.
Pero para entonces ya era común que las mujeres de clase media se desempeñaran como secretarias, institutrices y dependientas. Las revistas de moda, tales como “Familia” o “Eva” dedicaban amplios artículos con recomendaciones de vestir para las “niñas que trabajan”, con ilustraciones de “cómodos y sencillos vestidos” y “elegantes trajes sastre”, despojándose por fin de los pesados atuendos del siglo anterior.
Fue la juventud conservadora la que manifestó de manera explícita su preocupación por los derechos políticos de la mujer al presentar en 1917, ante la Cámara de Diputados, una propuesta que abogaba por mejorar las condiciones de la mujer en este ámbito. La intención encontró un rechazo transversal por diversas razones, tales como: “el atraso doctrinario y la tendencia conservadora y religiosa de las mujeres, lo que las convertía en presa fácil del mercado electoral clerical”.
Pese a esto la movilización femenina se mantuvo pujante y vigorosa y la Ley N°5.357 sobre elecciones municipales permitió, por primera vez, que las mujeres ejercieran su derechos de elegir y ser elegidas. De este modo, en las municipales de 1935 se presentaron 98 candidatas, de las cuales triunfaron 25.
El 8 de enero de 1941, en un mensaje dirigido a la Cámara de Diputados, el entonces Presidente de la República, Pedro Aguirre Cerda envió un proyecto de ley para apoyar la idea de legislar en torno al tema del voto femenino. Las dirigentes del Movimiento de Pro emancipación de la Mujer Chilena (MEMCH), Elena Caffarena y Flor Heredia, redactaron el proyecto que establecía un registro electoral único, sin hacer distinciones entre hombres y mujeres, sin embargo la prematura muerte del Presidente postergó la discusión.
La abogada Elena Caffarena fue una emblemática líder del movimiento feminista quien luchó no solo por el reconocimiento político sino también por “cambios estructurales en la sociedad y la liberación integral de las mujeres, a nivel económico, jurídico, biológico y político” de modo de ampliar las opciones de la mujer que en esa época estaban limitadas casi exclusivamente a la maternidad y el cuidado de la familia.
El proyecto retomó fuerza en 1944, año en el cual se realizó el Primer Congreso Nacional de Mujeres en Santiago que dio origen a la Federación Chilena de Instituciones Femeninas, (FECHIF), organismo dedicado a sistematizar las demandas en contra de cualquier discriminación hacia la mujer, que dicho sea de paso ya representaba el 51% del electorado potencial.
Las estrategias para obtener el derecho a voto se centraron en la presión a los parlamentarios, mediante la fuerza de la articulación lograda entre las distintas organizaciones de mujeres, convencidas de tener los argumentos necesarios para obtener los derechos políticos.
En junio de 1945 la FEFICH, presentó ante el Senado un proyecto de ley general de elecciones que contó con el patrocinio de senadores de diversos partidos políticos. El camino de esta ley comenzó con un proyecto presentado el día 20 de junio de 1945, durante la 9ª Sesión Ordinaria del Senado, como moción de los Senadores Arturo Alessandri, Rudecindo Ortega, Marmaduque Grove, Elías Lafertte, Horacio Walker, Eleodoro Guzmán, Julio Martínez Montt y Salvador Allende Gossens. Es decir, contaba con el patrocinio de senadores de todos los sectores políticos (Revise el Diario de Sesiones del 20 de junio de 1945).
Dos años más de diversos debates debieron pasar, y finalmente, el 15 de diciembre de 1948 se despachó el proyecto para su último trámite. El 21 de diciembre, el Senado acogió el proyecto con todas las modificaciones que le hizo la Cámara de Diputados, quedando así en condiciones de ser promulgado.
Esto ocurrió el 8 de enero de 1949, en un acto público en el Teatro Municipal, donde el Presidente de la República, Gabriel González Videla, firmó la Ley Nº 9.292, que otorgó el sufragio pleno de la mujer. El acto en sí tuvo características épicas y contó con una masiva asistencia de mujeres de todas las clases sociales que inundaron los palcos y galerías de gasas, treviras, paños multicolores y coquetos peinados y sombreros, además de ministros y autoridades.
Acompañando al Presidente de la República, se encontraba su esposa Rosita “Miti” Markmann de González Videla, activa promotora de la campaña de derecho al voto femenino. Fue la primera en su cargo en tener un despacho en La Moneda y en asumir decididamente funciones de características sociales.
También estuvieron presentes Ana Figueroa, presidenta nacional de la Federación de Instituciones Femeninas, y otras damas integrantes de la directiva de este organismo. En el escenario, compartieron protagonismo, el Presidente del Senado, Arturo Alessandri Palma y los senadores Pedro Opitz, Eliodoro Domínguez y Salvador Allende, además de connotadas dirigentes del movimiento femenino: Amanda Labarca, Clara Williams de Lunge, Georgina Purand, Aída Yávar de Figueroa, Raquel García de Zamorano y Berta Silva Hilda Muller, entre otras dirigentes.
Sin embargo, la gran ausente en ese acto oficial de promulgación fue paradojamente, Elena Caffarena. La legendaria defensora de los derechos femeninos no fue invitada al igual que otras dirigentas que fueron marginadas por motivos políticos. El hecho generó una amarga polémica, la que sin embargo no nubló el hito histórico.
“El voto lo consiguieron las mujeres después de veinte años de duras y sacrificadas luchas. Don Gabriel lo único que hizo fue cumplir con el trámite constitucional de promulgación”, señaló Elena Caffarena.
Las mujeres participaron por primera vez en la elección presidencial de 1952, donde fue electo Carlos Ibáñez de Campo. Desde entonces, su participación en los procesos electorales se fue ampliando progresivamente hasta llegar en 1970 prácticamente a la paridad con los votantes masculinos.
A pesar de tener los mismos derechos políticos que los hombres en términos de participación, en lo práctico, la representación de la mujer no ha sido equivalente y diversos estudios recopilados por la Unidad de Historia Política Legislativa de la BCN, manifiestan que la presencia minoritaria de las mujeres en las diversas esferas de toma de decisiones políticas, sigue siendo un déficit de nuestra democracia. No obstante, La participación electoral de las mujeres fue avanzando gradualmente.
En 1952, del total de votantes (954.131) las mujeres representaron un 32,3%. Para las elecciones presidenciales de 1958 el universo electoral ascendía a 1.235.552, donde las mujeres correspondían al 35,1%. En 1964, del total del padrón electoral de 2.512.147 personas, las mujeres correspondían al 44,1%. Finalmente en 1970, del universo total de 2.923.294 votantes, el 48,8% fueron mujeres.
Para las elecciones de 1989, las mujeres significaron el 52% de los votos emitidos, cifra que se ha mantenido más o menos constante durante el tiempo.
Durante el período legislativo 1949-1953, María de la Cruz, creadora del Partido Femenino, se incorporó al Senado producto de una elección complementaria en reemplazo del electo Presidente de la República, Carlos Ibáñez del Campo.
Fue la primera mujer en llegar al Senado el 13 de febrero de 1953, lo que significó que ellas representaran el 2,2% del total de su composición. No obstante, no alcanzó ni siquiera a terminar su período en el Senado, ya que fue desaforada por estar, supuestamente, involucrada en un caso de contrabando y comercialización de relojes.
En igual período, la representación femenina en la Cámara de Diputados ascendía al 0,6%, gracias a Inés Enríquez Frodden que se integró a la Cámara de Diputados el 24 de abril de 1951, en reemplazo del diputado Fernando Maira Castellón fallecido el 11 de enero del mismo año. (Revise las Reseñas Parlamentarias Biográficas de la BCN)
En el período 1953-1957 no hubo mujeres ocupando escaños en el Senado, mientras que en la Cámara de Diputados la representación femenina se mantuvo en igual porcentaje que el período anterior, sólo representada por la diputada del partido femenino Lía Lafaye Torres (0,6%). En el período legislativo 1957-1961, había 3 escaños representados por mujeres (Ana Ugalde Arias, María Cristina Correa Morandé e Inés Enríquez Frodden), correspondiente al 2,04% de la composición total de la corporación. En el Senado la representación femenina seguía en cero por ciento.
En el período legislativo 1961 - 1965 el Senado continuó de igual manera. Mientras, en la Cámara de Diputados, Ana Rodríguez de Lobos e Inés Enríquez Frodden, ocupaban escaños correspondientes al 1,3% de la composición total.
En la legislatura 1965-1969, y específicamente para el período senatorial 1961-1969, María Elena Carrera se incorporó al Senado en julio de 1967 tras la muerte de su esposo el también senador Salomón Corbalán González. Para el período senatorial 1965-1973, resultó electa la militante comunista Julieta Campusano Chávez. Significaba esto que la representación femenina en la Cámara Alta fuese en ese periodo legislativo de un 4,4%.
En la Cámara de Diputados, la representación femenina aumentó notoriamente a 11 mujeres: María Maluenda, Carmen Lazo, Inés Enríquez y Laura Allende, además de las siete diputadas democratacristianas Graciela Lacoste, María Inés Aguilera, Wilna Saavedra, Blanca Retamal, Silvia Correa Marín, Juana Dip Muhana y Margarita Paluz Rivas.
El aumento de mujeres en esta elección tuvo directa relación con los resultados obtenidos por el Partido Demócrata Cristiano que logró más de ochenta diputados electos. Con estas cifras durante esta legislatura la representación de mujeres era igual a un 7,4% de su composición total.
En el siguiente período, 1969-1973, la representación femenina en el Senado era igual a un 4% contando con las senadoras, Julieta Campusano Chávez y María Elena Carrera. Por su parte, en la Cámara de Diputados el número de mujeres disminuyó en comparación al período anterior, esta vez hubo 9 mujeres: Graciela Lacoste, quien no alcanzó a terminar su periodo pues falleció en 1971; Silvia Alessandri; Mireya Baltra, quien asumió como Ministra de Trabajo en 1972; Carmen Lazo, Wilna Saavedra, Gladys Marín, Laura Allende, Blanca Retamal y Pabla Toledo. Por tanto la representación femenina en la Cámara de Diputados fue igual a un 4,6% respecto a su composición total, descontando a las diputadas Lacoste y Baltra.
En el periodo legislativo, que se extendió entre el 15 de mayo y el 21 de septiembre de 1973, fecha en que se disolvió el Congreso, en el Senado, las mujeres correspondían a un 4% de su composición general, mientras que en la Cámara de Diputados, este período fue aquel que contó con la más alta representación femenina, con un aumento de más de 4 puntos porcentuales respecto al periodo anterior. Ocuparon escaños: Vilma Rojas, Amanda Altamirano, Silvia Araya, Carmen Lazo, Gladys Marín, Wilna Saaverda, Silvia Pinto, Fidelma Allende Miranda, Laura Allende Gossens, Eliana Araníbar, Blanca Retamal, Mireya Baltra, Juana Dip y Silvia Costa. Por lo tanto, la representación de las mujeres en la Cámara Baja durante ese período fue igual a un 9,3% respecto al total de su composición.
En los últimos 30 años la representación femenina en el Congreso Nacional ha sido reducida. Si bien ha ido aumentando lentamente, las cifras de senadoras y diputadas, no han logrado sumar una representación superior al 20%.