Parto respetado y prevención de la violencia obstétrica: dos derechos que se quieren establecer por ley

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que la tasa ideal de cesáreas en un país sea del orden del 15% al 20%. Sin embargo, las cifras que se registran en Chile, se encuentran entre las más altas del mundo llegando a un 53% el 2017.

Además, la primera Encuesta Nacional sobre violencia obstétrica realizada por el Colectivo contra la violencia ginecológica y obstétrica, reflejó un 67% de reportes de violencia en la atención ginecológica y un 80% de experiencias de violencia obstétrica.

Es por estas razones que las senadoras Carolina Goic, Isabel Allende, Carmen Gloria Aravena, Yasna Provoste y Marcela Sabat, presentaron una moción que busca establecer los derechos de las mujeres en las atenciones gineco-obstétricas, los derechos del nacimiento y regular la violencia gineco-obstétrica.

En lo fundamental, se pretende regular y promover el parto personalizado y respetado, y el derecho de la mujer a ser tratada con respeto y con reconocimiento de su autonomía por parte del equipo de salud durante la gestación, al momento del parto y durante su puerperio, de modo personal e individualizado,  en el marco de atención de salud de calidad, libre de discriminación y maltrato.

Según señala la moción "en nuestro país durante la atención del nacimiento se practican diversos procedimientos de rutina que no se justifican en mujeres de bajo riesgo obstétrico- que debieran ser entre el 70% y 80%- y cuyo uso no está recomendado por las guías internacionales y nacionales de atención de salud".

Entre esas prácticas se encuentran la inmovilización de la mujer en la cama con monitoreo electrónico continuo; la prohibición de ingerir alimentos y líquidos durante el trabajo de parto; el no permitir el acompañamiento de personas de la elección de la mujer durante el trabajo de pre parto, parto y postparto; la falta de intimidad en el proceso; falta de información; la inducción farmacológica y conducción oxitócica sin indicación que lo justifique; la rotura artificial de membranas sin indicación que lo justifique; episiotomía de rutina; posición litotómica forzada en el parto y la maniobra de kristeller, entre otras.

Según explican las senadoras la idea es evitar intervenciones y procedimientos en mujeres que no las requieran, como las pacientes de bajo riesgo y en resguardar el trato respetuoso y la entrega continua de información a todas las gestantes independiente de su condición de riesgo obstétrico.

Otro punto que busca resolver esta iniciativa dice relación con la falta de regulación y de sanciones en torno a la violencia obstétrica en el país.

Las mocionantes señalan que la violencia obstétrica está regulada desde el año 2007 en Venezuela, desde el 2009 en Argentina, y desde el 2014 en el Estado de Veracruz en México, en el marco de leyes de equidad de género, prevención de la violencia hacia las mujeres y promoción de los derechos del nacimiento. En Italia en 2015 también se presentó un proyecto de ley que actualmente espera ser discutido.

"Las distintas agrupaciones y organizaciones de la sociedad civil creadas en el país en los últimos años, expresan una creciente y urgente demanda de la población usuaria por la regulación y legislación de este tipo de violencia. Ello significa diseñar y legislar medidas de acción positivas para llevar a la práctica un conjunto de acciones que prevengan y normen esta violencia, en pro de una mayor dignidad del conjunto de la sociedad y en particular de las mujeres", aseguraron.

La iniciativa fue derivada a la Comisión de Salud y posteriormente a la Especial de Mujeres para su estudio.