Protocolo Facultativo de la Convención contra la discriminación femenina: ¿es pertinente ratificarlo o se debe mirar con distancia mirando efectos prácticos?

Un primera mirada ponderando los pros y contra, realizaron las integrantes de la Comisión Encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos relacionados con la mujer y la igualdad de género, respecto del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Las legisladoras recibieron el texto ya despachado desde la Comisión de Relaciones Exteriores, por lo que ahora deberán pronunciarse sobre sus ideas matrices. En simple, busca resguardar los derechos de las mujeres en distintos ámbitos, razón por la cual el Comité que materializa los principios de la Convención, realiza recomendaciones a las naciones miembros respecto a los requerimientos que se han presentado ante este organismo.

En la última sesión, la instancia recibió a las profesoras Alicia Frohmann y Marta Maurás, quienes argumentaron a favor de la ratificación; y los académicos Nicolás Rodríguez y Daniela Constantino, quienes lo hicieron en contra.

Las primeras apuntaron a la pertinencia de aprobar un texto cuya tramitación ha estado paralizada en el Congreso desde el 2002, y que en el fondo apunta a hacer efectiva leyes en pro de la mujer, muchas de las cuales no se respetan. A su vez, los segundos indicaron que las recomendaciones de la Comisión no son vinculantes, y que este organismo suele interpretar sesgadamente el texto de la Convención.

Frente a lo anterior, las senadoras Adriana Muñoz, Ena Von Baer e Isabel Allende intervinieron consultando por los alcances de la potencial aprobación del protocolo facultativo desde un punto de vista práctico.

El mensaje informa que la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, según sigla de su título inglés: “Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women), representa la declaración internacional de los derechos de la mujer y es considerada por los especialistas como la "Carta Magna" en esta materia.          

Ella fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 1979; ratificada por Chile el 7 de diciembre de 1989, e incorporada al ordenamiento jurídico nacional mediante decreto supremo Nº 789, de 27 de octubre de 1989, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial de fecha 9 de diciembre del mismo año.

Al 14 de junio de 2001, según publicación de la Secretaría General de la ONU, 168 países habían ratificado esta Convención. En América Latina solo restaría Surinam, Guayana y Chile. De todas formas, valga dejar en claro que algunas naciones han hecho reservas de algunos de sus puntos.

El mensaje señala que el mero reconocimiento de la condición humana de la mujer no ha bastado para que se garantice la protección de sus derechos mediante las normas y los mecanismos de derechos humanos existentes, por lo que la CEDAW reúne, en un único tratado internacional, las disposiciones de instrumentos anteriores de las Naciones Unidas relativas a la discriminación sobre la base del sexo.          

La experta en comercio internacional y de género, consultora CEPAL, profesora de la Universidad de Chile y miembro del foro permanente de política exterior, Alicia Frohmann felicitó a la Comisión por avanzar en esta materia, calificándola como “asignatura pendiente”.

“Hoy todas las normas de Chile en este tema están basadas en las disposiciones de la CEDAW. Este protocolo es necesario ya que muchas veces las leyes consagran derechos pero no son suficientes para hacerlos efectivos. Este tratado internacional no establece nuevos derechos sino que mejora o incrementa los mecanismos ya existentes para hacerlos efectivos”, explicó.

En la práctica, se genera un procedimiento de comunicaciones donde la Comisión recibe denuncias de violación de los derechos de las mujeres por parte de Estados o personas naturales. La instancia emite comentarios que se hacen ver al Estado en específico, con el fin de reparar el daño, indemnizar o rehabilitar a la víctima. Asimismo el procedimiento de investigación permite al Comité indagar sobre violaciones graves o constantes. Acá el acento está en recomendar cómo poner fin a esos abusos en el presente y en el futuro.

Luego, la secretaria ejecutiva del Foro Permanente de Política Exterior, ex embajadora y presentante permanente de Chile ante la ONU, Marta Maurás aclaró que este procedimiento de comunicaciones es complementario al que pueda tener el Estado.

En cuanto a la presentación de requerimientos, la experta aseguró que “el uso de este protocolo es poco frecuente. En los últimos cuatro años, se han presentado seis exámenes entre el estado miembro y el Comité. Son pocas las presentaciones porque en general, se reclama cualquier situación de discriminación o vulneración de derechos en los organismos que estipula cada país. Lo otro es el tema de la admisibilidad porque de las demandas que llegan, pocas son declaradas admisibles. El estudio que se hace es riguroso y único”.

Por su parte, el profesor de derecho internacional de la Universidad del Desarrollo, Nicolás Rodríguez apuntó a la postergación de la aprobación del protocolo, situación que ha trascendido al gobierno y coalición de turno. “La pregunta es a qué costo vamos a aprobar este tratado. Por ejemplo, el texto no dice nada del aborto libre, la adopción monoparental o el matrimonio homosexual, pero el Comité sí recomienda legislar al respecto. Esa interpretación que se hace nos parece peligrosa porque se le obliga a los estados miembros a acatarla”, mencionó.

A su juicio, todas estas temáticas “deberían debatirse a nivel nacional primero porque vivimos en una democracia representativa. No debe haber ninguna presión de un organismo internacional. Chile es referente a la hora de cumplir compromisos internacionales pero hay protocolos que no consideran la reserva que se puede hacer de ciertos temas. Por eso la observación de Chile de no cumplir ciertas recomendaciones podría quedar en nada”.

El académico hizo manifiesto su convencimiento que “no se debe aprobar este tratado. Lo que nos compete es debatir y resolver nuestras discrepancias a nivel interno, considerando nuestra idiosincrasia. Así se generan políticas públicas. No se trata de aplicar una regla internacional, que para el caso local tal vez no sea pertinente”.

La asesora legislativa de Comunidad y Justicia, Daniela Constantino manifestó que “algunas personas argumentan que es necesario aprobar el protocolo para garantizar los derechos de las mujeres. La práctica demuestra que no hay que respaldarlo. El impacto de un tratado internacional dice relación con la aceptación de sus principios y la implementación de éstos. De hecho 102 naciones son partes en este caso, tres lo firmaron pero no lo han ratificado y 72 no se han pronunciado”.

La jurista aseguró también que “el razonamiento del Comité es impredecible además no tiene mayor impacto en la promoción de los derechos de las mujeres. El lenguaje que se usa es amplio, poco preciso por lo que se presta para cualquier interpretación. Por eso el Comité ha implementado una visión única que responde a su propia interpretación. Creemos que por el contrario, lo ideal sería que se hicieran recomendación, Estado por Estado, y proponer soluciones caso a caso”.

Tras escuchar las intervenciones, la senadora Allende recordó que “el Comité no actúa de mutuo propio, sino que se debe comprobar que la denuncia no ha sido recogida por la legislación nacional. No creo que exista algún aspecto de la convención que Chile no haya ratificado”.

Por su parte, la senadora Von Baer preguntó si algún tema puede quedar fuera de la aprobación del tratado. “¿No sé cómo se dice en derecho internacional. Ah claro, se denomina reserva. Se puede hacer algún tipo de reserva y ello genera alguna consecuencia? ¿Esto tiene efectos prácticos? Igual me gustaría saber qué temas o casos más se repiten”, hizo ver.

Desde un punto de vista más político, la senadora Provoste calificó como impresentable que hayan pasado tantos años sin ratificar el tratado. “Hay un sector cree que no debe existir igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.  Algunos creemos que la discriminación no puede tener un valor de supremacía. ¿Qué pasa con otros elementos que no están presentes, por ejemplo, no se habla de los derechos de las mujeres que forman parte de las Fuerzas Armadas”, consultó.

Respecto a los comentarios de los invitados tendientes a no ratificar el protocolo, la senadora Provoste solicitó precisar con claridad, “¿cuáles son las páginas donde se recomienda los del aborto libre o el matrimonio homosexual?”, mientras que la presidenta de la Comisión, la senadora Muñoz admitió que “me preocupa el prurito del gobierno  cuando se trata de defender el medio ambiente (derechos de agua) y los derechos de las mujeres”.