Infraestructura y obras públicas

La Contraloría General de la República presentó ante las autoridades competentes, medios de comunicación y redes sociales los resultados del Estudio sobre Observación y Recomendación en la Ejecución de Contratos de Obra Pública.

Este se basa en el análisis de 776 informes emitidos entre los años 2012 y 2015. El 39,6% de los contratos fiscalizados fue objeto, al menos, de una observación relevante; de estos 51% corresponde a Salud, 46% a Serviu, 43% a entidades relacionadas con los ministerios del Interior, Defensa, Justicia, Educación, Universidades Estatales, Transporte y Telecomunicaciones, Agricultura y del Deporte; 39% de las municipalidades y 34% al ministerio de Obras Públicas.

Entre las 1.948 observaciones relevantes se constatan, en su mayoría, incumplimiento de normativas técnicas, partidas pagadas con anticipación, falta de permisos requeridos, irregularidades asociadas a modificaciones de contratos de obra e inexistencia de cauciones.  

Esto significa que de cada dos contratos del ministerio de Salud uno tiene objeciones, similar situación ocurre con el Servicio de Vivienda Urbanismo, y en el caso de los municipios, el ministerio de Obras Públicas lo tiene en uno de cada tres.

Dada la transversalidad política del período revisado resulta evidente que se requieren reformas claras tendientes a asegurar el buen uso del gasto público.

Esta vez la Contraloría no se queda solo en las objeciones, sino que realiza importantes propuestas de solución; éstas pasan por un control preventivo, un mejor ajuste a las bases de carácter general, en mejorar las instancias de licitación con más actores, regionalizar la ejecución y fiscalización, y también en empoderar al sector público.

Los ejemplos de las obras analizadas, desde fallidos proyectos como el Puente Cau-Cau (Valdivia), el muelle flotante en Chaitén (Región de Los Lagos), estadios mal diseñados que no permiten la visión de la cancha, hospitales paralizados, conexiones eléctricas, un puente sin acceso (Bicentenario, en la Región del Biobío), plazas públicas con deficiencias, por nombrar algunos. Sabemos del esfuerzo que hacen entes públicos para contar con los mejores proyectos posibles y profesionales adecuados.

Sin embargo, el instaurado principio de subsidiaridad, es decir, que el sector público solo haga lo que el privado no puede hacer, resulta una exageración. Necesitamos un sector público capaz de proyectar, diseñar, construir y dar servicios y mantener en una justa proporción. Eso permite entender mejor al sector privado y a las obras que también requiere y quiere hacer la comunidad.

He aquí las bases para un buen traspaso de competencias a las regiones y comunas.