¿Por qué me opongo al proyecto de ley de pesca?

Hace ya varias décadas en Chile los recursos pesqueros abundaban y quién quisiera pescar podía hacerlo. La explotación intensiva empezó a agotarlos. Ello obligó a establecer, en los '90, una cuota global, un máximo anual por especie, que se divide en dos partes, una artesanal y otra industrial.

Respecto de esta última cada operador salía a capturar todo lo que pudiera en el menor tiempo. A eso se le llamó carrera olímpica y ocasionó sobreexplotación e inestabilidad en el empleo.

Ante el colapso especialmente del jurel, el año 2000 se propuso dividir esa cuota global anual industrial en cuotas individuales. Así cada empresa dosificaría el esfuerzo. Se probó el sistema por dos años. Luego, el 2002, se planteó extenderlo por diez más. Algunos nos opusimos, porque entendimos que asignar cuotas individuales era, de alguna manera, entregar a privados bienes de todos los chilenos. Señalamos, además, que ello no solucionaría los problemas.

La historia nos dio la razón. La captura del jurel ha caído de 1.400.000 toneladas el 2002 a cerca de 200.000 para este año. Sin embargo, ahora que el mecanismo va a terminar, el Gobierno propone extenderlo indefinidamente.

¿Por qué continuar con un sistema que fracasó? Creo que se trata de un grave error por diversas razones:

Porque no representa avances para la pesca artesanal. El fraccionamiento y acceso a las pesquerías sigue siendo insuficiente. No se protegen los caladeros históricos ni se frena el arrastre.

Tampoco se contienen normas de protección social.

Porque insiste en este sistema de cuotas, a las que unos pocos nos opusimos el 2002 y que hemos confirmado que llevaron al colapso de las pesquerías. Se privatiza el mar, entregando a los mismos que han sobreexplotado los recursos marinos bienes que pertenecen a todos los chilenos.

Porque mantiene y agudizará la concentración de la industria pesquera en unas cuantas familias, sin establecer límites ni flexibilizar las rígidas barreras de entrada de la actividad.

Porque entrega casi gratuitamente los recursos pesqueros del país, atendido que el nivel de las patentes y derechos de explotación que se proponen son insignificantes en comparación a las utilidades obtenidas.

Porque pese a los avances que significa restarle poder decisorio a los Consejos y haber desechado el Panel de Expertos, persiste un esquema que favorece la presión de los interesados y la incidencia del Gobierno de turno.

Porque no se aseguran los recursos para que se desarrolle una Investigación pesquera pública de calidad.

Porque no se garantiza una adecuada fiscalización con sanciones eficaces y ejemplarizadoras.

Porque no se considera a los pueblos originarios, muchos de los cuales han explotado ancestralmente los recursos del mar.

Como lo señalaron diversas organizaciones que escuchamos en la zona austral con la Comisión de Pesca, este proyecto sólo sirve a unos pocos, perjudica al sector artesanal y pone en serio riesgo el patrimonio nacional.