Sectores artesanal e industrial expusieron sus visiones respecto al proyecto que modifica la Ley General de Pesca
Cabe recordar que el texto refundido -que está siendo estudiado por la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura- precisa aspectos sobre licencias transables de pesca e incorpora normas para prevenir la pesca ilegal.
2 de agosto de 2019Ya han sido 6 las sesiones destinadas al estudio, en particular, del proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, en lo relativo a las licencias transables de pesca e incorpora normas para prevenir la pesca ilegal (boletines 11.704-11, 11.642-21, 10.190-21 y 7.926-03, refundidos), que otrora fuera conocida como “ley corta”. Revise nota relacionada
Algunos de los aspectos que han concitado acuerdo entre los diferentes expositores, está la propiedad nacional del recurso y el propiciar el consumo humano; no obstante la cuota indígena ha sido cuestionada; además se ha hecho un reiterado llamado a mayores cerezas jurídicas.
La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura ha escuchado, principalmente, a representantes de la pesca artesanal e industrial, además de las precisiones que vinieron desde el Ministerio de Economía y de la Subsecretaría de Pesca. Este última entidad indicó que el texto legal “tiene dentro de sus objetivos, reemplazar la asignación de licencias transables de pesca establecidas para el régimen de acceso a la actividad pesquera industrial por un sistema de subastas que promueva el acceso en igualdad de condiciones y refleje el costo de oportunidad del uso de un recurso escaso y de alta valoración social”.
Además aclararon que “la indicación presentada por el Ejecutivo, contempla una fórmula para evitar que las subastas iniciales, como las que correspondan con posterioridad, se realicen en un mismo año”.
En sesión siguiente, desde PacificBlu, Marcel Moenne dejó constancia que no están de acuerdo con las indicaciones que prohíben la pesca de arrastre y llamaron a incorporar estándares mundiales sobre certificación y afirmaron que en todo el mundo se “usa” esta técnica, lo que –sin embargo- fue puesto en duda por la senadora Ximena Rincón, quien precisó que desde 2016 la Unión Europea la prohibió este sistema de pesca. En este sentido, adelantó que sería positivo conocer cuáles han sido los efectos en la continuidad de las empresas y la realidad del recurso.
Además, PacificBlue señaló que desde hace un par de meses están entregando a la Junaeb 4 millones 200 mil raciones de merluza, pero “panada”, la que según indicaron es saludable para la comunidad, destacando los beneficios del sabor y mejor consumo humano.
En la oportunidad, además, expusieron Osciel Velásquez y Héctor Bacigalupo de la Sociedad Nacional de Pesca F.G. (SONAPESCA), quienes deslizaron la falta de certezas por las legislaciones al sector. “Vemos un proceso legislativo legislando un tema de futuro (2032), pero que genera incertidumbre ahora y que no resuelve los problemas reales del sector”, señalaron.
Para este punto, la senadora Adriana Muñoz llamó a no pensar que se está legislando a bandos, sino que todos son importantes.
Desde SONAPESCA sostuvieron que “un modelo de administración pesquera debe contener un marco legal de largo plazo que genere estabilidad y certidumbre jurídica; institucionalidad sólida, transparente, participativa y equilibrada; investigación de calidad orientada al manejo de las pesquerías; además de fiscalización efectiva”.
En la cita del jueves 18 de julio la Comisión conoció la opinión de la Federación de trabajadores pesqueros y ramas afines zona centro sur de Chile (FETRAPES); y de la Federación de sindicatos de trabajadores de la industria pesquera (FESIP).
La FETRAPES compartió con el proyecto “que la propiedad del recurso debe ser de Chile y no solo en su administración, como hay sectores que proponen”; sin embargo, con respecto a la licitación, señalaron que “por si sola es riesgosa, debe contener, medidas de anticolisión, concentración, mitigación, valor agregado, etc.”.
Además, dejaron constancia que a su juicio, hay aspectos que tienen impacto social y “producen pérdida de puestos de trabajo, con desmedro económico a los trabajadores (artesanales e industriales)”.
La fragilidad del sector fue puesta en evidencia por los representantes de FESIP, que manifestaron que “las crisis de pesqueras independientes siempre han terminado con ajustes y concentraciones que han tenido negativos efectos para los trabajadores”.
“A finales de los 90' y al comienzo del 2010, los ajustes terminaron con la fuente de trabajo de cientos de trabajadores (…) y se ha hecho muy difícil reinsertarse en un nuevo y conseguir los niveles de rentas que se obtienen en este tipo de empleo”, agregaron.
En este orden indicaron que “si bien debemos compartir que la administración de los recursos pesqueros, se debe establecer sobre tres pilares fundamentales como lo son; el biológico, el económico y finalmente el social y teniendo en consideración la presencia copulativa de estos tres factores es deber del estado velar que la extracción de estos recursos, tenga una expresión social sustentable en el tiempo”.
La reunión del lunes 22 de julio contó con la presencia de la Asociación de Industriales Pesqueros A.G. (ASIPES), quienes declararon que la reducción de las cuotas de pesca, en el caso de la pesca industrial, las empresas debieron ajustar su capacidad de extracción a las cuotas definidas por criterios científicos. Esto, según dejaron constancia, ocasionó fusiones de compañías y la reducción de embarcaciones.
En el caso de la pesca artesanal, “no han podido ajustar su capacidad extractiva e incluso ha aumentado su capacidad y número de embarcaciones, con un aumento de 7% entre 2016-2017”, señalaron.
“Las licitaciones del 100% de los permisos de pesca significa un golpe a la estabilidad, calidad y condiciones del empleo que entregan estas empresas. Hoy no es posible aventurar qué ocurrirá con los trabajadores de las empresas que pierdan sus permisos y quién se hará cargo”, sentenciaron.
Desde la Asociación Gremial de Armadores e Industriales Pesqueros del Norte Grande A.G. (ASIPNOR) advirtieron que su sector requiere una normativa que les permita mantener los acuerdos regionales de operación (perforaciones) en el área de las 5 millas; evitar el incremento del esfuerzo artesanal manteniendo el sistema de traspaso de cuota sin incrementar el número de embarcaciones; tener certeza jurídica”.
Además manifestaron la importancia de la “existencia de empresas con visión de largo plazo y capacidad de mantenerse en periodos de baja actividad; no afectar las actuales condiciones laborales; incentivar la investigación pesquero y medidas de autorregulación que permitan hacer sustentable en el largo plazo”.
Por último, la Federación de Industrias Pesqueras del Sur Austral (FIPES) indicaron que “eliminar la pesca de arrastre implica el término de la operación industrial, con el consecuente efecto en las economías regionales del sur austral.
Lo que se debe es evolucionar de acuerdo a las mejores prácticas mundiales”.
Con respecto a la limitación o eliminación de las cesiones artesanales al sector industrial, “no beneficia a nadie. El sector artesanal pierde importante fuente de ingresos, sobre todo en las regiones XI y XII y el sector industrial no logra capturas que requiere para sostenerse en el negocio”.
La última sesión contó con las visiones de la confederación de federaciones de pescadores artesanales de Chile (CONFEPACH), quienes señalaron que “el tema de propiedad de los recursos como soberanía del Estado de Chile, pero no compartimos la indicación de que se excluyan las regiones del sur austral”.
Además, agregaron que “valoramos el tema del enfoque eco sistémico y las indicaciones que favorecen el consumo humano local y nacional y que dejan expreso el respeto al medioambiente. Al igual que valorar las indicaciones que asumen la adaptación al cambio climático y los conceptos de seguridad y soberanía alimentaria”.
Con respecto a la cuota global, precisaron que “la cuota diferenciada para los pueblos originarias y la opción de otorgar ROA a estas organizaciones, puede generar un desbalance injusto que altere la ya compleja convivencia (…). No consideramos necesario la creación de registro de “pescador originario” y no estamos de acuerdo en la transferencia de cuota de un año para otro, pero valoramos que la cuota de reserva provenga de la fracción industrial”.
A su turno, la confederación nacional de pescadores artesanales de Chile (CONAPACH), sentenció que sobre seguridad alimentaria están “plenamente de acuerdo en incorporar el principio de seguridad alimentaria para abordar la regulación pesquera y no solo como una actividad económica más, sino como una estratégica vinculada a la alimentación de la población”.
Sin embargo, advirtieron, “nos queda la duda respecto de la propuesta que pretende cambiar a subpesca al ministerio de agricultura o ministerio de la alimentación por la pérdida de protagonismo que pueda sufrir el sector pesquero en un ministerio tradicionalmente agrícola”.
En otra materia, coincidieron con la poca pertinencia de una cuota indígena. “Nuestras organizaciones están conformadas por pescadores indígenas y criollos, sin distinción, los problemas de acceso afectan a unos y a otros, por lo que creemos debe preferirse la reforma global al Registro Artesanal, teniendo presente a los pescadores artesanales indistintamente cual sea su origen étnico. Crear una cuota indígena, constituirá un factor de división entre los pescadores y de discriminación de aquellos que no son indígenas”, argumentaron.
La Comisión seguirá escuchando a los diferentes actores, antes de comenzar a votar las más de 140 indicaciones propuestas para el proyecto, que está en su primer trámite constitucional.