Aplicaciones para el transporte remunerado de pasajeros: a Sala proyecto que crea un registro público

Terminar con distorsiones, normar la competencia y la seguridad de los usuarios, son algunos de los puntos destacados del proyecto de ley que regula las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ellas se presten, el que fue aprobado por mayoría (3 votos a favor y 1 en contra) por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.

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La antes llamada ley Uber deberá ser ahora analizada por la Sala del Senado en general.

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Entre sus principales objetivos se encuentran la creación de un registro público, establecer sanciones, acceso a datos personales y procedimientos administrativos.

“El transporte forma parte de un mercado regulado, que, a la fecha, mantiene el parque de taxis congelado. La única manera de normar estas aplicaciones, atendido el congelamiento del parque vigente por la ley 20.867, es a través de una ley”, detalló la Ministra de Transportes, Gloria Hutt. 

A juicio de la Secretaria de Estado “la situación actual de informalidad genera sólo externalidades negativas. Apelo a la seguridad de los usuarios y prestadores para terminar con esta informalidad y desequilibrio entre aplicaciones y la modalidad tradicional”.

Actualmente, las aplicaciones no están pagando impuestos ni son susceptibles de someterse a fiscalización o jurisdicción laboral, sumado a que “los usuarios no están siendo atendidos por conductores profesionales, lo que pone en riesgo su seguridad y las barreras de entrada a las EAT (empresas de transportes) son bajas y los filtros de acceso insuficientes en cuanto a características de los vehículos y calidad de los conductores”, enfatizó Hutt.

Durante el debate se coincidió en que se requiere fortalecer la fiscalización para controlar la informalidad, especialmente las modalidades tipo “pool”, que el proyecto prohíbe, y que afectan gravemente al transporte público menor (taxis colectivos).

En la misma línea, la Ministra adelantó que durante el trámite de discusión en particular se podrá incorporar nuevas mejoras al proyecto.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Transportes, el senador Francisco Chahuan sentenció que “no vamos a permitir que se establezca una especie dumping de las aplicaciones a costa de los propios trabajadores que son explotados por las mismas, no vamos a permitir empresas dedicadas al transporte de pasajeros que se disfracen con la apariencia de aplicaciones que no tributen, que no estén constituidas legalmente en Chile”.

Asimismo, el senador Juan Pablo Letelier advirtió que “es muy importante dejar claramente separado que esta actividad, que es una modalidad del transporte privado, no es parte del trasporte público de pasajeros. No lo es hoy y no lo va a ser mañana”.

En tanto, la senadora Carolina Goic adelantó que “hay varias de las indicaciones de las cuales vamos a tener que hacernos cargo, que permitan tener una actividad que sea segura para los pasajeros, que permita condiciones equilibradas de competencias y el usar la tecnología a favor del servicio d a los pasajeros, pero también una actividad productiva que se ha venido desarrollando y que tiene que tener las garantías necesarias”.

El voto disidente vino de la mano del senador Alejandro Garcia Huidobro, quien reiteró, “voy a votar en contra porque creo que esto va crear un conflicto mayor al que existe hoy. Y digo que llegamos tarde porque esto no va a solucionar los problemas. Le pediría el Ejecutivo que escuche más a los gremios, a quienes se han dedicado por entero a esto”.

Cabe recordar que para el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, se escucharon a decenas de expositores durante varias sesiones de trabajo y adicionalmente, la instancia parlamentaria recordó que en la Comisión de Trabajo hay una moción que apela a la a la situación laboral de quienes se desempeñan bajo aplicaciones.