Lista para su promulgación quedó la ley que regula las aplicaciones de transporte
La iniciativa regulará qué se entiende por estas aplicaciones, las obligaciones de estas empresas, los requisitos de los conductores y los vehículos, y las garantías de seguridad para los pasajeros.
26 de enero de 2023
Con 26 votos a favor, uno en contra y una abstención, la Sala del Senado respaldó el informe de la Comisión Mixta que consensuó una redacción respecto al proyecto que regula las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ellas se presten, norma más conocida como ley Uber.
Previamente, la Cámara de Diputadas y Diputados había hecho lo propio, por lo que ahora el texto quedó listo para su trámite de promulgación de la iniciativa.
La iniciativa determina que las citadas aplicaciones se considerarán como empresas de transporte remunerado de pasajeros. Así, se entenderá que la plataforma forma parte integrante de un servicio global cuyo elemento principal es un servicio de transporte.
Asimismo, define que estas empresas tendrán la obligación de inscribirse en un registro electrónico de Empresas de Aplicación de Transporte (EAT) a cargo de la Subsecretaría de Transportes. En él se consignarán informaciones de la empresa y de los vehículos y conductores asociados.
Los vehículos solo podrán estar inscritos en una de las regiones en las cuales se encuentre registrada la EAT. La falta de los antecedentes requeridos o su consignación parcial inhabilitará la inscripción.
En el marco de requisitos de prestación del servicio, el texto pide que se contraten seguros para los vehículos, conductores, pasajeros y terceros. Las empresas deberán ser personas jurídicas, ser del giro de transporte remunerado de pasajeros y contar con un canal de consulta y reclamos.
Asimismo, demanda informar al usuario la tarifa en forma previa, la que no podrá variar. Por otra parte, solicita que solo se registren vehículos de propiedad de personas naturales. Del mismo modo, pide que no se registren más de dos vehículos totales en el registro por cada propietario. En todo caso, se permite que puedan operar en distintas EAT.
Con el fin de velar por la seguridad de los pasajeros, se establece que los conductores deben contar con una licencia profesional. Junto a ello, se solicita no tener en su certificado de antecedentes especiales anotaciones por delitos de connotación social. La constancia de delitos puede ser objeto de su eliminación del registro oficial.
El integrante de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, el senador Juan Luis Castro informó la norma detallando que “la Mixta revisó el único punto en disputa: el tiempo que tendrán los conductores de las aplicaciones de transporte para contar con su licencia de conducir clase A. Se redujo de 18 a 12 meses el tiempo para que puedan ponerse al día con este requisito dado que muchos tienen este documento vencido por la pandemia”.
Al momento de argumentar su voto, hicieron uso de la palabra los senadores:
“La semana pasada se constituyó la Comisión Mixta de la llamada 'ley Uber'. La discrepancia tenía que ver con los artículos transitorios. Ahora termina la ley que permite postergar la renovación de las licencias por la pandemia. Por ello se requiere que estos conductores puedan cumplir este requisito”.
“Esto viene a actualizar una realidad en la que todos estaban saliendo perjudicados por la competencia desleal hacia los taxis y la inseguridad que implica para los usuarios. Esta realidad vino para quedarse. Ahora se dan las facilidades para la obtención de la licencia porque los municipios estarán sobrecargados con este trámite”.
“Se está cerrando un capítulo de tensión de este mercado. Todos los conductores tienen requisitos para circular. Los taxistas básicos decían que si tenían la licencia, podían ejercer. Los trabajadores de Uber decían que necesitaban dos años para no saturar a los municipios. Creo que 12 meses es un plazo suficiente”.
“Este proyecto genera dos mundos distintos. Existirán los taxis y las aplicaciones de transporte. Cuando se transporta gente, debe tenerse una licencia profesional porque hay un cobro en ello. Creo que esta ley no pasa por el Tribunal de la Libre Competencia. El futuro dirá si esto será positivo o no, a mi parecer no servirá”.
“Logramos generar audiencias públicas donde se recibieron a cientos de organizaciones relacionadas al proyecto. Luego hubo más de mil 500 indicaciones ciudadanas. Se aporta mediante varios cambios que persiguen terminar con los abusos por ejemplo, respecto a los contratos de trabajo”.